clashing football players

proceso penal en el deporte

DERECHO PENAL Y DEPORTE

LEY DEL DEPORTE. LEY DE VIOLENCIA EN ESPECTACULOS DEPORTIVOS. NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA

Ab. Esp. Diego Dadin[1]

Los de la vieja escuela han suspirado al vernos celebrar nuestras sesiones en plena Sorbona; se han dado cuenta de que éramos revolucionarios y que acabaríamos por derribar el edificio de su apolillada filosofía. Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno[2]

1.         INTRODUCCION

            Históricamente, el derecho penal y el deporte en rasgos generales, han sido materias escindidas entre ellas. Era muy difícil emparentar ambas cuestiones. Mientras el primero obedece a la criminalidad y estructuras punitivistas con ilícitos tipificados y penas previstas en caso de su comisión, con un andamiaje procesal adecuado y estudiado en cada jurisdicción; el segundo ha hecho más a la aptitud y mejoramiento físico junto a la preparación y puesta en marcha de la alta competencia.

            Sin perjuicio de ello, sobre todo en los últimos años y en diversos lugares del orbe, se ha podido verificar una serie de sucesos en los que –cada vez con mayor anuencia- ha sido necesario intervenir desde el derecho penal en eventos deportivos.

            Lo que más comúnmente está en nuestro imaginario respecto a la cuestión son sucesos protagonizados por los “barras bravas” argentinos, “hooligans” ingleses, “ultras” españoles y demás similares en cada país donde el fútbol es apasionado al máximo. Muchas veces, en estos contextos, confundimos pasión con negocios  o  con conveniencias particulares o grupales. También –y cada vez con mayor presencia- tenemos sucesos delictivos que demandan la intervención penal como consecuencia de la práctica de la actividad deportiva (desde deportistas, pasando por entrenadores y cubriendo todos los estamentos hasta los dirigentes).

            Pero también existen, dentro de los espectáculos deportivos, situaciones que parecen –y son- delitos comunes pero con una particularidad: que son cometidos en ocasión o circunstancias de ello.

            Sin perjuicio de un –necesario- pantallazo respecto a cuestiones relativas a la parte general y especial  de nuestro derecho penal, la intención será avocarnos en cuestiones procesales que puedan aparecer  desde las leyes más importante en la cuestión en nuestro país: la Constitución Nacional, la Ley 20.655[3] y la Ley 24.192[4]; también trataremos de ver  algunos conceptos que aparezcan en jurisprudencia y doctrina especializadas –como fuentes de derecho- y finalmente evaluaremos la necesidad –o no- de un fuero especializado en la materia.

            Bien vale traer a colación que, según se puede advertir de la lectura de la discusión parlamentaria de la última de las leyes señaladas, el súbito crecimiento cualitativo y cuantitativo de la violencia en espectáculos deportivos –mayormente en el fútbol- y la necesidad de que ello no transforme peligrosa y negativamente la sana y digna de apoyo actividad deportiva,  dieron origen a un arduo intercambio entre legisladores, que resultó en la mentada ley comprensiva tanto de aspectos de fondo como de forma.

            El derecho penal y procesal penal del deporte ha ido cobrando cada vez más protagonismo y seguramente seguirá en esa senda, por lo que deviene necesario adentrarnos en su análisis, estudio y conocimiento. Así, sin mayores preámbulos, pasaremos a desarrollar los temas en cuestión, no sin antes  me permito traer a colación comentarios del Dr. Daniel Kíper referidos a la aplicación de la Ley contra la violencia en espectáculos deportivos: “…nuestra comunidad le asigna al deporte una determinada función, le impone metas que sus propios valores históricos y culturales le dictan. Es por ello que –según expresa el mensaje del Poder Ejecutivo al remitir el proyecto de ley de fomento y desarrollo del deporte- el Estado debe asumir la responsabilidad de orientar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar la actividad deportiva…”[5]; lo que también me servirá en las conclusiones.             

 


 

2.         CUESTIONES DE DERECHO PENAL

            Abarcaremos –sintéticamente- las cuestiones de éste acápite que pueden vislumbrarse desde la normativa especial, como dijimos, las Leyes 20.655, 24.192 y las copiosas modificatorias que tuvieron.

2.1       Esbozos de parte general

            Como primer hito vale mencionar que el art. 27 de la Ley Nacional del Deporte (20.655) nos señala una clara remisión subsidiaria a “…los principios generales del Código Penal…”. Con esto, a los efectos de la aplicación de la mentada Ley, si no se establece lo contrario, tenemos que estar a aquéllos principios que requieren un arduo estudio en profundidad.

            Por su parte, ya en la Ley 24.192, en el art. 2° nos trae circunstancias agravantes genéricas, que nos hablan de su aplicación a tipos penales específicos  de los ya tipificados en el Código Penal y como consecuencia punitiva el incremento en un tercio de los mínimos y máximos con la prohibición de superar el máximo de la especie.

            Para que operen éstas agravantes, deben darse las siguientes circunstancias:

            La primera se circunscribe en que no todos los ilícitos del Código Penal se verán agravados. Solamente se estipula para los siguientes tipos penales: a. homicidios: simple, culposo, preterintencional, agravado por ser cometido bajo emoción violenta o en riña; b) lesiones: leves, graves, gravísimas o en riña; c) abuso de armas; d) hurto; e) robo simple. En particular así lo ha dicho el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires: “…Resulta correcto aplicar al delito de homicidio la severizante consistente en el peligro genérico que implica la utilización de un arma de fuego en un sitio donde se encuentran aproximadamente doscientas personas -en el caso, Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, espacio público asiduamente concurrido por familias, que independientemente de los eventos deportivos que pueda desarrollar el club, asisten al zoológico, museo, observatorio, practican deportes , o por cualquier otro motivo de esparcimiento, especialmente un día sábado y en el horario de las 15.30 hs…”[6].

            La segunda es la relativa al carácter “subsidiario” de la agravante, ya que se aplica solamente que no resulte un delito más severamente penado, como claramente podrían ser los delitos de homicidio agravado.

            Y finalmente, la más importante en la cuestión, es que el suceso debe haberse cometido en las circunstancias de tiempo y espacio específicamente detallados en el art. 1 de la Ley 24.192: “…con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, como así también durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el mismo se desarrolle…”.  En el particular, ha dicho la jurisprudencia bonaerense que: “…El entrenamiento del equipo, por más que pueda ser presenciado por un número más o menos amplio de personas, no constituye el “espectáculo” que merita el art. 1 de la ley 24192, que circunscribe su aplicación a los hechos cometidos antes, durante o después de un espectáculo deportivo; por lo que aquél no se ve alcanzado por la previsión y no puede por ende computarse como calificante…”, por lo que se deja de lado cualquier evento producido durante un entrenamiento con público masivo [7].Es por ello que hay que ser restrictivo en cuanto a qué consideramos como espectáculo deportivo.

            Respecto a lo último, como palmariamente se vislumbra, el ámbito de aplicación  témporo – espacial es mucho más amplio de lo que normalmente se cree. No se circunscribe solamente al espacio físico  del estadio deportivo o de las instalaciones deportivas. Va mucho más allá en tiempo y en espacio, lo que puede ser motivo de un más ambicioso y amplio trabajo. Lo mismo sostiene Manigot al explicar qué comprende éste halo protector y más severamente penado[8].

            El artículo 10 del mismo marco normativo, nos acerca un compendio de penas accesorias, que se agregarán a la principal que sea determinada, aclarando que se puede imponer una o más de las siguientes: a) inhabilitación para concurrir a ese tipo puntual de espectáculo deportivo; b) inhabilitación para dempeñarse como deportista, jugador profesional, técnico, colaborador, dirigente, concesionario, miembro de comisiones o subcomisiones de entidades deportivas o contratado por éstas; c) inhabilitación de concurrir al estadio o lugar donde se produjo el hecho.

            Por su parte, en el caso particular de directores o administradores de clubes deportivos, dirigentes, miembros de comisiones directivas o subcomisiones en ejercicio o en ocasión de las funciones, existe una pena pecuniaria accesoria (art. 11).

            Finalmente, vale mencionar en éste acápite, una notoria particularidad que nos muestra la Ley: el mismo art. 11, en su segundo párrafo, establece una responsabilidad solidaria de la pena pecuniaria que se imponga en cabeza de la entidad deportiva a la que pertenece el directivo  en cuestión.

2.2       Esbozos de parte especial

2.2.1.   Ley 20.655:

  • entrega o promesa  de dádiva para asegurar el resultado irregular de una competencia  deportiva o el desempeño anormal de un participante (art. 24 primer párrafo)
  • aceptación de promesa o dádiva con los mismos fines (art. 24 segundo párrafo).

2.2.2.   Ley 24.192:

  • introducción, tenencia, guarda o portación de armas de fuegos o artefactos explosivos (art. 3)
  • consentimiento para la guarda en el estadio o en las dependencias de armas de fuego o artefactos explosivos (art. 4).
  • instigación o facilitación a la formación de grupos destinados a cometer delitos previstos por la Ley 24192 (art. 5).
  • resistencia o desobediencia a un funcionario público encargado de la tutela del orden o a quien lo asista (art. 6).
  • impedimento de realización en un estadio  de competencia pública (art. 7)
  • destrucción  o daño de cosa mueble o inmueble total o parcialmente ajena (art. 8)
  • entorpecimiento del normal funcionamiento de transportes e instalaciones (art. 9).

3.         CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL

            Culminada la –necesaria- introducción referida a la parte del fondo de nuestro ordenamiento penal, ahora nos avocaremos a las cuestiones que estimo revisten una importancia procesal en la materia y que tienen actualidad y potencial doctrinario.

            Adelanto un breve extracto de la presentación del Poder Ejecutivo en la  discusión parlamentaria que se diera en torno a la Ley 24192: “…El proyecto establece normas procesales de avanzada,… insertándose como condición sine qua non las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, imponiendo límites al poder de policía…”.  Si bien eso referían  al momento de establecer el régimen contravencional para la –por entonces- Capital Federal, nos da una clara idea de la intención de los proyectistas en ocasión de la diagramación de la norma en cuestión. Tenían en mente un proceso amplio en derechos y moderno a la vez.

3.1       Fuentes

            Simplemente mencionar –en el particular- que las fuentes en el derecho procesal en la especialidad  en cuestión son las usuales: inicial y principalmente la Ley (en forma integral), la que es y debe ser complementada con la jurisprudencia (resoluciones tomadas por organismos jurisdiccionales en la materia) y la doctrina especializada (sea nacional o internacional).

3.2       Juridicción

            El art. 12 de la Ley 24.192 establece claramente que, en casos de sucesos delictivos en ocasión de un espectáculo deportivo (de los tipificados o donde operen agravantes genéricas), el juzgamiento de los mismos estará en cabeza de la justicia penal ordinaria, sea nacional o provincial. Ergo, se excluye la jurisdicción federal ya que no parece ser una de las exclusivas cuestiones delegadas por las Provincias.

            Haciendo eje en eso es que, más adelante, trataré de esbozar una idea tendiente a comenzar a profundizar respecto a la necesidad –o no- de la instauración de un fuero especializado en deporte. Solo adelanto con decir que hoy por hoy todo es sometido a la justicia ordinaria y algunas cuestiones a instancias privadas (jurisdicción arbitral de las federaciones deportivas y hasta cuerpos colegiados de árbitros como instancia ulterior cuando las partes en conflicto así lo acuerdan o cuando estatutos federativos lo disponen).

3.3       Garantías del proceso. Remisión a normas generales.

            Bien se habla en la exposición de motivos y el debate parlamentario previo a la promulagación de la Ley de Violencia en el Deporte, que las previsiones legales allí esbozadas, representan a las más actuales –por entonces- garantías procesales y en consecuencia, era intención de los legisladores realizar algo innovativo, de avanzada.  Ello así, en todos los procesos penales que surjan de la aplicación de dicha Ley, deberán respetarse todos los preceptos que emanan del ordenamiento procesal ordinario, de nuestra Carta Magna y de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. En eso es justamente en lo que hace hincapié el art. 47 de la Ley al momento de referirse a las garantías procesales que deberían respetarse en los procesos contravencionales.

            Solo a modo general, entonces, mencionaremos con un breve concepto cada una de las garantías que deberían mínimamente respetarse en un proceso de la especie:

            a.         Juez natural; es parte del principio general de la garantía del “debido proceso” que emana de los arts. 18, 33 y 72 inciso 22 de la Constitución Nacional y tiene una presencia omnipresente en todo el ordenamiento. Implica que siempre un hecho debe ser juzgado por un juez o tribunal designado por una ley anterior al mismo, prohibiendo coherentemente la conformación de organismos de juicio especiales para juzgar un suceso en particular. Esto va asociado con la cuestión de la jurisdicción tratada en el punto anterior ya que –de momento- nuestra Ley establece que éstos sucesos deben ser juzgados por la justicia ordinaria, por lo que deberá estarse al tratamiento específico de los rituales en cada provincia.

            b.         Juicio previo; emana del género del debido proceso y consecuencia natural del artículo 18 de nuestra Carta Magna, debiendo asegurar a que todo habitante de la Nación a que, en caso de que se le restrinjan derechos constitucionales, lo sea como consecuencia de un proceso previo que respete las garantías aquí esbozadas  y determine su culpabilidad luego de un debido contradictorio[9].

            c.         Inocencia; es otra de las patas del “debido proceso” y consiste en un estado básico e inicial que debe presumirse en todo momento respecto a todo ciudadano  ya que marca un fuerte límite a un Estado autoritario, que solo debería ser contradicho cuando existe una condena firme (irrecurrible), que cambia el estatus del individuo al de penado. Básicamente, siempre que existiera una “duda razonable”, deberá ser aplicable el consecuente principio del derecho penal conocido como “in dubio pro reo”[10].

            d.         Prohibición de doble persecución; básicamente esto implica que ningún ciudadano podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho penalmente tipificado. Resulta ser la cuarta y no menos importante pata del “debido proceso”.  Existe consenso en decir que hay cosa juzgada, como hito que finiquita la posibilidad de un juzgamiento, cuando existe identidad en el sujeto (misma persona humana), identidad en el objeto (mismo hecho investigado o juzgado) e identidad de causa (en caso en que subsistiere algún delito del hecho investigado)

            e.         Inviolabilidad de la Defensa en juicio; el fallo “Tarifeño” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta palmario en la materia en cuanto dice “…más allá de cualquier imperfección en la habilitación de la competencia de la Corte, si la lectura del expediente pone al descubierto una transgresión a las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso de tal entidad que afecta la validez de la misma  del pronunciamiento, esta circunstancia debe ser atendida y declarada con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiere planteado…”[11]. Ergo, es deber en todo proceso penal la observación de todos los preceptos procesales y garantías constitucionales hasta aquí esbozadas. Y, tal vez dentro de las más importantes, es el derecho a poder defenderse en juicio, debiendo poder el imputado ejercer de la manera más amplia sus derechos tendientes a contradecir la acción contra él iniciada. Comprende una amplia gama de derechos particulares, a saber: ser oído,  comunicación previa y detallada de los cargos que se le imputan, gratuita, tener tiempo y medios adecuados para la defensa efectiva, defensa personal o por medio de un abogado técnico, comunicación con el defensor, hacer comparecer a testigos o peritos, no declarar en su perjuicio, revisión de un fallo en segunda o ulterior instancia, no ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inviolabilidad del domicilio, correspondencia y comunicaciones privadas, entre otros.

            f.          Garantía de libertad física o ambulatoria; la libertad es inherente al ser humano, por lo que está reconocido como pleno derecho constitucional en diversos apartados de nuestra Carta Magna (Preámbulo, arts. 14, 18, 19, 31, 33, 75 inciso 22, etc). Por ello es que es un derecho que puede ser restringido definitivamente solamente en aplicación de ua pena ordenada en una sentencia condenatoria firme o de manera provisoria solo de forma excepcional y en un plazo razonable[12]

            g.         Igualdad ante la Ley; producto de los artículos 16 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, establece la igualdad ante la Ley de todos los habitantes de la Nación, rechazando cualquier tipo de prerrogativas consecuentes de la sangre, nacimiento, títulos  de nobleza, títulos personales o fueros personales.

3.4       Medidas cautelares especiales.

            Como todo procedimiento penal, en función de que los vinculados a hechos de violencia en el deporte se apoyan en las estructuras procedimentales criminales o correccionales correspondientes en cada provincia vale remitirnos al respecto a los tratamientos generales respectivos.

            A modo introductorio, los maestros Falcone y Madina nos enseñan que la posibilidad de imponer medidas cautelares al sospechado debe ser la que sea consecuencia de la coerción estatal aplicada para la consecución de alguno de los fines inmediatos del proceso penal, utilizando la fuerza para cercenar las libertades o facultades de los ciudadanos para alcanzar un fin determinado (coerción estatal). Claro que para aplicar cualquier medida de éste género, se deben cumplir con requisitos esenciales: justificación del derecho subjetivo, disposición fundada del juez natural para un caso concreto y la acreditación de un posible daño jurídico como consecuencia del retardo en el procedimiento [13]

            Particularmente, la Ley 24192 entre sus artículos 45 bis y 45 ter, adiciona o aclara ciertas cuestiones relativas al acápite. En forma análoga a una restricción de acercamiento personal, nos enseña el primer artículo que en procesos en los que se ventilen hechos  que en forma general cumplan con la prescripción de tiempo y espacio del art. 1 de la Ley, el Juez puede disponer cautelarmente que el imputado se abstenga de concurrir a todo tipo de espectáculos deportivos de la especie que se trate (ej: si se trata de un hecho violento en el contexto de un partido de baloncesto, sería la prohibición de concurrir a cualquier espectáculo público de baloncesto).

            Esta restricción puede imponerla desde un momento preciso: al momento de dictar el auto de procesamiento. Estrictamente así lo decretó la Ley. Y también pone un límite de culminación al establecer que podrá durar mientras dure el proceso. Claro que luego ésta medida puede continuar pero no de modo cautelar, sino como accesoria en una eventual pena que se imponga –también- con tiempo preciso y determinado por el juez que lo condene.

            La Ley asimismo nos pone una extensión geográfica que puede operar como límite. Es decir, no solo la prohibición de concurrencia a estadios donde se realice el deporte en cuestión, sino que puede  extender esto hasta 500 metros a la redonda del estadio o predio. Y claro está que, siguiendo el mismo fundamento que la parte general de la Ley, la restricción abarcaría los momentos previos y posteriores al evento.

            La argumentación de ésta posible restricción cautelar decanta naturalmente cuando analizamos la discusión parlamentaria en cuanto que nuestros legisladores –con una clara lucidez- evaluaron que muchos ilícitos que se producen en el contexto de un espectáculo deportivo, muchas veces se gestan y hasta desarrollan no en el estadio en sí sino en las inmediaciones del mismo, donde se han podido observar innumerable cantidad de situaciones criminales o cuasi criminales en el contexto de la criminalidad organizada que rodea a ciertos deportes masivos.

            Finalmente vale decir que el mismo artículo, en su último párrafo nos aclara una cuestión que no era necesario realizar porque no escapa a la lógica habitual que rodea a los procesos penales. Consiste en sostener que en caso de ser condenado –a la postre- un individuo y tenga una pena accesoria  de  inhabilitación de concurrencia (como ya lo dijimos), el tiempo que hubiera sufrido con la interdicción preventiva se contabilizará dentro del cómputo final de pena. Es decir por cada día de medida cautelar de prohibición, tendremos que contabilizar un día de cumplimiento de inhabilitación que dispusiera la pena al momento de ser ejecutada. Particularmente, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, ha avalado la validez constitucional de una inhabilitación perpetua (de por vida) a una persona de concurrir a espectáculos deportivos de fútbol[14]

            Finalmente nos adentraremos en una cuestión particular que nos trae el art. 11 de la Ley 24.192 donde, en su último párrafo  nos dice que el Juez interviniente podrá, con resolución fundada, ordenar la clausura del estadio deportivo por un término máximo de sesenta días. ¿Esto constituye una medida cautelar o una especie de pena accesoria que pesará sobre la institución titular de las instalaciones deportivas? Me atrevo a apostarme por esto último principalmente por la ubicación metodológica dentro de la Ley en razón de estar en el apartado donde trata los tipos de pena posible y las posibles accesorias a las personas que resulten condenadas por delitos de ésta temática.  Es particularmente novedoso porque estaríamos hablando de una especie de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso, que caería sobre la asociación civil sin fines de lucro que constituye la institución deportiva propietaria del estadio en cuestión.

            Esto no es obstáculo a pensar eventualmente en algunas restricciones en el uso de instalaciones pero en el puntual momento en el que se desarrolla la investigación penal y a los fines de ejecutar ciertos medios probatorios (inspección judicial, reconstrucción de hechos, allanamientos, etc).

            Luego, el art. 45 ter, le obliga al juez que hubiere dictado la mentada medida cautelar, la comunicación efectiva dentro del perentorio término de 48 horas siguientes a que la misma quede firme. Deberá comunicar a los diversos organismos nacionales, provinciales o municipales encargados del control de la seguridad en el espectáculo deportivo en cuestión, a quienes se les deberá enviar todos los datos de la causa en cuestión, el compendio de datos personales del imputado y –novedosamente- la Ley indica que deberá agregarse una fotografía en tamaño 4×4 para así poder identificar al imputado interdicto.

            Finalmente indica el mismo artículo que la autoridad de contralor referida en el párrafo previo, tendrá la facultad de recurrir a la utilización de la fuerza pública (va de suyo que la mínima e imprescindible siguiendo los estándares de derechos humanos) para efectivamente poder cumplir con la medida cautelar –reitero- impuesta por juez hábil.

3.5       Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte

            Sistemáticamente a continuación de lo tratado previamente, el art. 45 quater, impone la creación del Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte, con la clara finalidad de mantener un compendio de todas las personas interdictas o con condenas firmen en relación a sucesos delictivos acontecidos en el contexto de espectáculos deportivos.

            Dicho registro actúa bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Nación) y para su organización hay una directa remisión a la normativa de las disposiciones de la Ley del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Ello quiere decir que, los jueces, deberían actuar de igual manera con éste registro especializado a los fines de comunicar todo acto esencial de un proceso de la especialidad.

            Así, deberían comunicarse las medidas cautelares especiales (como la vista en el acápite previo), la sentencia dictada, el cómputo de pena que hubiere y los datos completos del imputado o condenado. Al igual que en el artículo anterior, también requiere una fotografía 4×4 para poder identificar a los causantes o condenados.

            Claramente, si seguimos la sistemática normal de comunicación de antecedentes, también debería comunicarse cuando se suspende una interdicción cautelar o cuando se da por cumplida una condena  a los fines que el Registro de dé baja el legajo correspondiente con respecto a los espectáculos deportivos. No está de más recordar que, sin perjuicio de ello, a los fines de la aplicación del instituto de la reincidencia criminal o la eventual unificación con una condena posterior, operará el Registro Nacional de Estadística y Reincidencia Criminal, como máximo organismo nacional en la materia.

3.6       Medios de prueba. Prueba tasada.

            Inicialmente podemos decir que, como concepto general, prueba en el proceso penal es la actividad procesal que nos dirige en forma inmediata a procurar la certeza judicial[15].

            Así, se entiende que los medios de prueba a utilizarse en un proceso son todos los elementos o datos con carácter netamente objetivo, que son introducidos legalmente (siguiendo las más estrictas garantías) al proceso penal (investigación o durante el juicio) con la finalidad de traer certeza al juzgador.

            Dicho llanamente, con la prueba se procura corroborar una afirmación de hechos traída a juicio, tratando de reconstruir un hecho pasado con la mayor certeza posible.

            Siguiendo los modernos preceptos constitucionales y legales, va de suyo que la carga de la prueba en un proceso penal siempre debe estar en cabeza del representante de la acusación pública, el Fiscal. Pudiendo, en su caso, la Defensa producir lo necesario para marcar un contrapunto con la prueba aportada por el acusador y –si así lo estimare- para aportar otros medios.

            Planteado esto, nos adentraremos primero en el análisis especial de la prueba tasada que nos da la Ley 24.192 para luego, esbozar sintéticamente los demás medios probatorios aptos para podernos dar certeza en un proceso penal iniciado por un hecho dentro del marco de la especialidad tratada.

3.6.1.   Prueba fílmica oficial

            La Ley 24.192 nos trae una particularidad en cuanto a la prueba. El art. 44 de la misma nos deja bien claro que, al momento de aplicar la regla de la sana crítica, los magistrados tendrán que valerse especialmente de la prueba fílmica “oficial”, la que es conceptualizada como “plena prueba” en todos los hechos que se investiguen a la luz de la Ley en cuestión, es decir, cualquier situación de las descriptas que se desarrollen en el contexto de un espectáculo deportivo.

            El mensaje de elevación del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, en éste sentido, hace hincapié en lo que valorara oportunamente la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, donde se le otorgó  a la filmación un valor probatorio muy amplio, mientras que menguó el análisis y fortaleza de los testimonios[16]. De ello se valió el equipo de trabajo del proyecto de ley para darle a dicho medio tal poder convictivo. Así, plantearon como una innovación procedimental el aprovechamiento de recursos  técnico científicos en la utilización de elementos –por entonces- de avanzada como la filmación, lo que debería ser  envestido de garantías para darle valor indubitado a esa prueba.

            Pero no cualquier filmación tendrá éste privilegio probatorio. Para que tenga ese poder debe tratarse de la filmación oficial, para lo cual la ley específicamente nos dice que antes del espectáculo deportivo en cuestión, la o las cámaras que vayan a ser parte del circuito cerrado en cuestión, deberían ser selladas por el Juez de instrucción de turno. Esto con la finalidad de preservar de eventuales y posibles adulteraciones las tomas fílmicas que se realicen. Notoriamente estamos ante una imposición rigurosa. Más que la cadena de custodia que se exige normalmente para los medios de prueba ya que no requiere solamente la intervención jurisdiccional ante hechos suscitados sino que está en un estadío previo: antes del evento y sin perjuicio de no haberse constatado ilícitos, el juzgado en cuestión debería garantizar la indemnidad de dicho medio probatorio. Solo a modo ejemplificativo, vale mencionar que la justicia cordobesa se valió especialmente  de éste medio de prueba tasado al momento de dictaminar respecto a un fatídico hecho en un partido de fútbol acaecido en el estadio “Mario Alberto Kempes”[17].

            Ahora bien, ¿tenemos realmente la capacidad necesaria para que –desde la justicia- se garantice éste extremo? Recordemos que normalmente, la mayoría de la actividad deportiva, de espectáculos de ésta especie, se desarrolla durante los fines de semana. No hablamos solamente de fútbol (que hay partidos en todas las divisionales), sino de todos los espectáculos deportivos de alta concurrencia (basket, rugby, atletismo, entre otros). Va de suyo que si quisiéramos ponderar éste art. de la Ley y garantizar el estatus de prueba plena de la filmación oficial, deberíamos contar con mayores medios y una jurisdicción avocada a la justicia en espectáculos deportivos, lo que hoy en día no tenemos y será motivo de una –breve- opinión al final del presente.

            Una última cuestión relativa a éste acápite: ¿la calidad de plena prueba de la filmación oficial está prevista para el régimen contravencional impuesto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o es pasible de ser aplicada a todo el ordenamiento en casos como el que se nos trae a colación?

            Retomando la lectura de la discusión parlamentaria, inicialmente entiendo que la intención de los legisladores como representantes de las diversas provincias de nuestra República fue delegar en la Ley la especial apreciación probatoria y –parcialmente- la capacidad legislativa procesal de las provincias en ese muy acotado caso. Dicho eso, no se estarían cercenando medios probatorios a las jurisdicciones locales de las provincias sino que se estaría dando una fortaleza convictiva a un medio en particular siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso con el plus ya señalado especialmente. En todo caso, cada juzgador, deberá analizar si se respetaron las garantías generales y si se pudo verificar el cuidado y precintado del medio en particular, tal cual como lo establece la Ley.

            Por su parte, si el legislador hubiese querido estipular ésta cuestión solo para el –acotado- espacio de nuestra capital nacional, lo habría establecido en el mismo capítulo II de la Ley (“Régimen contravencional”)  y no en el siguiente capítulo III “Disposiciones Procesales”, por lo que entiendo deberán ser de aplicación tanto a todo el contenido del capítulo I  “Régimen Penal” como del capítulo II.

3.6.2    Otros medios de prueba

            Ahora, al igual que el resto de los procesos penales, la especialidad puede contar con otros medios de prueba pero que nunca tendrán la certeza probatoria tasada de la filmación oficial ya mencionada en tanto y en cuanto que –en ésta última- se hayan respetado todos los principios y garantías constitucionales y procesales debidos. Recordemos que la labor del Fiscal o del Juez de instrucción se limita a recolectar  elementos de convicción que den base suficiente y sustentable al hecho sometido a juicio. Y, justamente la prueba, es la que trata de dar verdad a la proposición planteada[18].

            Con ello, bien vale volver a hacer hincapié en el hecho de la necesidad de darle ropaje de garantías a la recolección de prueba ya que –de otra manera- no podríamos avalar la incorporación de datos al proceso investigativo.

            Y el Juez es quien deberá aplicar la sana crítica al analizar la prueba en cuestión, método que según Velez Mariconde “…deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común…”[19].

            Dicho eso, existe en prácticamente todos los ordenamientos procesales en el fuero penal el sustento de la libertad probatoria, estén o no contemplados en los rituales y siempre que se respeten las ya mencionadas garantías[20].

            A modo sucinto, me permito presentar el resto de los medios de prueba aceptables, sean directos o indirectos, coercitivos o no coercitivos (lo que no constituye un número cerrado):        

            a.         Inspección  de personas, lugares y cosas; lo que consiste en la percepción respecto de personas, lugares y cosas, realizada en forma directa por el Juez y mediante la utilización de cualquiera de sus sentidos sensoriales[21]. Seguramente, dentro de éste género, se podrán realizar inspecciones a las instalaciones deportivas donde se pudieren haber producido los hechos o a los lugares (públicos o privados) dentro del marco geográfico de protección especial que tiene la norma en análisis.

            b.         Examen corporal y mental; es una especie dentro de la ya mencionada inspección sobre las personas.

            c.         Reconstrucción del hecho; constituyendo simplemente la recreación  artificial y por medio de imitación del modo en que alguna de las partes supone o sustenta que se desarrollaron los hechos[22].

            d.         Registro domiciliario y/o de personas; es otra especie del género ya esbozado de inspecciones.  Son -tal vez- uno de los medios probatorios en los que mayor celo debe prestarse sobre el respeto de derechos y garantías constitucionales.

            e.         Interceptación de correspondencia e             intervención de comunicaciones telefónicas; principalmente habrá que tener cuidado en el fino equilibro que se debe realizar con el derecho a la intimidad o privacidad y el derecho que tiene todo ciudadano a que no sea violado ello.

            f.          Testigos; se trata de una persona humana (según concepto del Código Civil)  que es convocada al proceso penal para decir lo que sepa o lo que haya percibido por sus sentidos sensoriales respecto a un hecho. En muchos ordenamientos existe la figura del testigo de identidad reservada o del agente encubierto, elementos que seguramente puede ser de gran utilidad al momento de revelar complejas situaciones criminales que se podrían dar dentro de los espectáculos deportivos.

            En el particular, me permito traer a colación lo resuelto en cuanto a la inhabilidad de los testimonios cargosos de las fuerzas destinadas a custodia: “…No pueden valorarse como elemento de cargo los testimonios de las fuerzas destinadas a custodiar el orden de un espectáculo deportivo cuando también ellas estaban comprometidas en el escándalo. Puede interpretarse que estaban deponiendo en causa propia o, en su defecto, sobre una actuación profesional de la que deberían dar explicación acabada a sus superiores jerárquicos, viéndose por consecuencia en la alternativa de justificar aquél proceder…”[23].

            g.         Peritos; son las personas con preparación y capacitación específica que transmiten sus conocimientos técnicos  al proceso, siguiendo estrictamente las reglas de su arte o ciencia.

            h.         Reconocimientos de persona o cosa; es una especie de testimonio donde se trata de que el testigo revele la identidad de una persona o determine la cualidad o calidad de una cosa con una indicación precisa dentro de una serie de opciones que se le presentan. En cuanto a las personas, puede ser en rueda o por fotografías.

            i.          Careos; estamos acá ante otra especie de testimonio en donde se confronta directamente  a dos o más testigos entre sí o con el imputado,  que pudieron realizar manifestaciones contradictorias sobre un hecho. También, eventualmente.

3.7       Régimen contravencional en CABA y las Provincias

            La Ley 24.192 establece el primigenio sistema contravencional para la –por entonces- Capital Federal, dándonos un numen de tipos penales contravencionales específicos y –rudimentarias- apreciaciones respecto al proceso que ha de llevarse a cabo. Asimismo nos trae una enumeración de las posibles penas a aplicar, lo relativo a la reincidencia criminal,  una aclaración respecto a que el obrar a modo de culpa sería suficiente y la mención estricta de que la tentativa de contravención no sería punible. Todo entre los artículos 14 y 43.

            Lo importante es que el art. 52 –el último- de la misma Ley, invita a todas las provincias  a dictar normas equivalentes  o de adhesión a la ley, para fijar los mismos derechos y garantías en todo el territorio nacional.

            Con ello tenemos que, si bien el legislador nacional no puede dictar normas de procedimiento de las provincias, el Congreso estuvo de acuerdo en darle una relevante importancia a la cuestión que discutieron y entendieron que no solamente era una cuestión de nuestra Capital sino que debería ser incumbencia de todas las jurisdicciones, a lo que agrego que no solamente debería incluir al fútbol sino también a todos los deportes de concurrencia masiva.

4.         Fiscalías temáticas en la Provincia de Buenos Aires

            En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, contamos con la Ley 14.681[24]  que creó las “Unidades Fiscales de Investigación y Juicio especializadas en Violencia en Espectáculos Deportivos y Delitos Conexos” (art. 1°) con competencia específica en todos los delitos enmarcados en las leyes aquí estudiadas, una norma de prevención especial según en los fundamentos legislativos.

            A grandes rasgos, se trata de Fiscalías descentralizadas y especializadas que deberían tener una capacitación específica para la investigación de éstos delitos y en su caso para sostener durante un juicio oral la acusación pública.

            La misma Ley creó, dentro de la por entonces Secretaría de Deportes bonaerense e integrado por representantes de todos los colectivos pertinentes (fuerzas de seguridad, Ministerio de Justicia, clubes, ligas deportivas, universidades, etc),  el Observatorio de Violencia en Espectáculos Deportivos, con un detallado listado de funciones principalmente tendientes a evaluar y accionar respecto a la prevención  y control respecto a la violencia en espectáculos deportivos y en lo que nos atañe, colaborar con la justicia  y elevar sugerencias al Cuerpo de Fiscales especiales.

            Si analizamos los fundamentos de la norma, podemos ver la notoria preocupación por parte de los legisladores respecto a la violencia, especialmente, en el marco del fútbol y la necesidad de entreverarse en la investigación de las “redes delictivas ligadas al deporte”.

            Entiendo que, inicialmente, la mentada ley redunda de buenas intenciones y una sólida base fáctica y argumental de público conocimiento. Sin perjuicio de ello, al día de la fecha, no se ha logrado una adecuada articulación ni reglamentación que permitiera ponerla en práctica óptima y así poder ver resultados específicos en su aplicación. Tal vez por cuestiones presupuestarias o simplemente por factores políticos (siempre ligados al deporte) pero desgraciadamente no hemos podido verla en función plena.

5.         Derecho comparado

            La violencia en el contexto de espectáculos deportivos no es una realidad solamente local sino todo lo contrario: en todo el mundo se ha constatado ésta particular problemática.

            De momento sabemos a grandes rasgos cómo se atacó la situación en nuestro país. Pero también sabemos que otros países han tenido diverso abordaje al respecto. Un dato general es que ninguno de los países ha previsto un sistema procesal especial ni organismos especializados en la materia. Así me permito dar unos esbozos al respecto.

5.1       Unión Europea

            El viejo continente contó con dos lamentables (y terribles) hechos trágicos que, sin duda alguna, cambiaron la historia cultural, deportiva y normativa. Se trata de los conocidos como “Heysel” y “Hillsborough”, dos sucesos dentro del fútbol europeo.

            Resultado de ello fue el  Convenio 120 del Consejo de Europa, decretado en Estrasburgo (Francia) en el año 1985 y ampliado por el Parlamento de Europa en los años 1985, 1987 y 1996[25]. En dicha pieza normativa, los países europeos decidieron cooperar entre sí a los fines de acallar éste tipo de hechos, erradicándolos de raíz.

            En su artículo 3° nos da a conocer las medidas que se acordaron para arribar a la solución pretendida, dentro de las que encontramos: cooperación internacional y entre instituciones, adecuada organización en atención a la magnitud del evento, educación adecuada en la temática de todos los intervinientes y el dictado de normas legislativas y reglamentarias locales.

            Justamente en cuanto a lo último, se instó a los países firmantes a la elaboración de legislación tendiente a imponer sanciones ante incumplimientos del Convenio tanto a organizaciones deportivas como a clubes de fútbol, propietarios de infraestructura y autoridades públicas y una adecuada diagramación a la luz de la pretensa seguridad en dichos eventos.

            En lo que nos atañe, claramente, la finalidad es que los espectadores que cometan actos de violencia puedan ser individualizados y juzgados respetando todas las garantías legales. Es más, el mismo convenio, hace referencia a las normas internacionales de la extradición para poder perseguir internacionalmente a éstos sujetos en caso de ser de otros países.

            Esto, lógicamente, dio luz verde a varias legislaturas europeas en la materia.

5.1.1    España

            El país ibérico tiene ya una extensa experiencia en la normativa tendiente a paliar la violencia en espectáculos deportivos. No solamente a nivel nacional sino que también a niveles autonómicos, se ha ido dotando de un cuerpo legislativo adecuado.

            Solo a modo de mención, diré que tiene un sistema de prevención que se alinea directamente con el citado Convenio de Estrasburgo.

5.1.2    Inglaterra

            Tierra natal de los famosos “hooligans” (nombre de los barras bravas en Inglaterra), siempre se ha caracterizado a la cultura de dicho país con episodios de violencia, no sólo en su isla sino también en cuanto evento internacional han podido concurrir.

            Es tal vez el ejemplo más palmario de una efectiva acción de las autoridades (ejecutivas, legislativas y judiciales) ya que –en éstos días- no es normal ver las acciones que eran costumbre en los 80s o en los tempranos 90s.

            Bajo las órdenes de la Primer Ministro Margaret Tatcher, en 1986 se le ordenó al Lord Justice Taylor la elaboración  de un informe respecto a la materia, lo que decantó en el famoso “Informe Taylor”[26], del que se desprenden una serie de sugerencias: prohibir estadios con “localidades de a pie”, prohibir la existencia de rejas alrededor de los campos de juegos, prohibir el ingreso de asistentes bajo efectos de alcohol o drogas, establecer penas con un mínimo de 3 años de prohibición a concurrir a eventos y de mínimos de 5 años en casos de reincidencia, necesidad de colocación de cámaras permanentes de seguridad en todo el estadio, recomendación de uso de seguridad privada con educación especial respecto a manejo de masas, primeros auxilios y seguridad, prohibición de venta de entradas el mismo día del evento y el uso libre del conocido “derecho de admisión” por parte de los clubes. 

La gran serie de recomendaciones –cuyos fundamentos son dignos de ser estudiados- resultaron en la “Football Spectators Act” de 1989, emparentada a nuestra Ley 24.192 pero con un mayor andamiaje desde lo argumentativo y lo operativo. La misma, con el correr de los años fue ampliada y mejorada a la luz de los resultados que se iban viendo con su implementación. Las principales reformas se operaron con: “Football Offences Act” de 1991 (incorporó tipos penales), “Football Act” de 1999 y “Football Act del año 2000.

Sumado a la descripción de varios tipos penales, incorporó la obligación a los Tribunales de juicio de imponer las prohibiciones de ingreso a espectáculos deportivos como condenas y –en caso de no hacerlo- justificarlo adecuadamente.

A los fines de la aplicación y el seguimiento de éstos sucesos, se creó un órgano ejecutivo: “UK Football Policing Unit”, especializado en cuestiones de violencia en estadios y con la principal función de realizar “inteligencia” previa con la finalidad de prevenir éstos actos. Han formado, como consecuencia, un especializado y experimentado cuerpo policial que logró erradicar casi de raíz todos los eventos violentos –principalmente- del fútbol.

5.2       América

            Nuestro continente, a lo largo de los años, ha tenido innumerable cantidad de sucesos violentos en el deporte, especialmente en el fútbol Pero, a diferencia de Europa, no ha existido una Convención que trate la problemática en forma integral, impartiendo directrices a los diversos países.

5.2.1    Colombia

            Durante los años 80, se vislumbraron numerosos hechos de violencia en el fútbol, principalmente en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá.

            Con raigambre constitucional, el art. 52 de la Constitución Política colombiana reconoce al deporte como derecho social, estableciendo que debe tener una estructura democrática e impulsando al Estado a la intervención, fomento y promoción en su práctica con especial vigilancia de la práctica deportiva.

            En el marco normativo, luego del mentado art. 52, Colombia tiene la Ley 181 de 1995[27] y  la Ley 1356 del 2009[28]. Mientras que la primera se aboca al fomento del deporte en general, la segunda es la que se ocuparía de la materia que nos importa. Hace –principalmente- foco en implantar medidas tendientes a la educación y prevención de conductas y nivel de violencia en eventos deportivos, estableciendo una serie de contravenciones y sistema sancionatorio y las medidas de seguridad esperadas.

            Dentro del fútbol cuenta con la “Comisión Nacional para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol”, creada por la Ley 1270 de 2009. Opera simplemente como un organismo especializado asesor del gobierno  para la aplicación de políticas y programas tendientes a mantener la seguridad en la organización y  práctica del mencionado deporte.

            Complementariamente, dentro del fútbol, también cuentan con el “Estatuto del Aficionado al Futbol en Colombia”[29], que versa sobre los derechos y obligaciones que deben tener los aficionados al deporte de la pelota, incluyendo protocolos de manejo de estadios y de barras.

5.2.2    Méjico

            El país azteca habla, siempre en el fútbol, de “porras” (barras bravas) que han tenido –tal vez en menor medida que en Argentina- episodios de violencia en contextos de partidos de ese deporte.

            En el año 2013 se dictó la “Ley General de Cultura Física y Deporte” que contempla aspectos relativos a la prevención de violencia en el deporte, seminarios formativos, fomento de programas y realización de estudios de campo y proyectos en la materia. En lo que hace a la aplicación espacio temporal de las medidas preventivas, el art. 6 de dicha norma nos explica que el evento deportivo se considera concluido hasta que el recinto se encuentre desalojado y los asistentes se hayan retirado de las inmediaciones, en lo que se diferencia parcialmente de la normativa en nuestro país[30].

            Otro interesante dato es que se tipificó específicamente el delito de “violencia en los espectáculos deportivos”, donde el sujeto activo es el espectador o cualquier otra persona que no sea jugador, árbitro o parte de los cuerpos técnicos de los equipos contendientes en eventos deportivos masivos. Pero, una condición objetiva es que el hecho ocurra dentro de los recitos donde se realice el evento.

5.2.3    Brasil

            Un entramado social deportivo muy parecido al de nuestro país, inclusive con actos de violencia más grandes y con las organizaciones de “torcedores”, bien identificadas y muchas veces hermandas con la política del país, como brazo ejecutor.

            El vecino país hace gala de un Ministerio de Deporte –lo que sería deseable también aquí- que está a cargo de la problemática en cuestión, teniendo dentro de su normativa las siguientes incumbencias: velar por los derechos de protección, acción social, información a la sociedad y dar a la sociedad mecanismos de defensa ante situaciones de la especie.

            También cuentan con un programa que interactúa con el Ministerio: se trata de la “Torcida Legal” con la finalidad neta de prevenir la violencia en los espectáculos deportivos, con acciones claras: ejecución de un registro de aficionados organizados, realización de seminarios educativos en la materia y confección de un manifiesto conjunto entre el Ministerio y las barras respecto a la paz en el fútbol.

            Se cuenta con una Ley estricta llamada “La Defensa del Estatuto del Torcedor”[31], que ejecuta un régimen penal y contravencional aplicable a hinchas y dirigentes deportivos. Específicamente regula la violencia en el fútbol y no en el deporte en su totalidad. Tiene una serie de medidas preventivas, tipos penales y un procedimiento especial. A la vez, novedosamente, crea la figura del “defensor del pueblo” para velar por los derechos de los hinchas. Y, por su parte, trata cuestiones relativas al ordenamiento en estadios, traslado de parcialidades, manipulación y venta de alimentos, entre otras cuestiones de interés. Posee un sistema sancionatorio especial en función de la persona responsable del hecho: va desde sanciones personales a institucionales, desde suspensiones hasta expulsiones y desde inhabilitaciones hasta prisión o multas. 

            Vale reiterar que, a simple vista, parece enfocarse solamente en el fútbol.

5.2.4    Chile

            El 24 de agosto de 1994 el país trasandino dictó la Ley 19.327[32] -reglamentada por el decreto 225 del 7 de marzo del 2013- que fijó todo el andamiaje relativo a la prevención y sanción de hechos de violencia ocurridos en ocasión de espectáculos futbolísticos, por lo que se la denominó “ley de violencia en los estadios”. Vino, a grandes rasgos, a suplir supuestas falencias que tenía el código penal chileno para tratar este tipo de cuestiones.

            Prevé tanto un sistema preventivo como un sistema represivo, enarbolando una serie de tipos penales o contravencionales específicos. También tiene una amplia gama de sanciones como consecuencias de la imposición de una pena en la especialidad.

            Toda la normativa ronda básicamente al fútbol y no a los espectáculos deportivos en general.

6.         ¿NECESIDAD DE UNA JURISDICCION ESPECIALIZADA?

            Si pretendemos enarbolar la autonomía dogmática del derecho deportivo (con todas las aristas que lo componen: civil, comercial, administrativo, laboral, penal), también deberíamos ir por el concepto de justicia deportiva autónoma, para lo cual deviene necesario como consecuencia ineludible, pensar en un fuero especializado en el deporte.  También debe ser especializada, independiente e imparcial.

            No vamos a descubrir nada con ello, de hecho hay en nuestro país un doctrinario de excelencia en la materia, que ha desarrollado un excelso trabajo específico sobre la cuestión, al que he de darle una vuelta de rosca previo explicar los conceptos esbozados en su obra de la especialidad[33]. Se trata del Dr. Norberto Outerelo.

            Tras analizar cuestiones relativas a jurisprudencia, doctrina y derecho comparado, sostiene que todo sistema de justicia deportiva que se precie de tal, deberá sustentarse sobre los siguientes principios generales del derecho –holgadamente conocidos-: moralidad, especialidad, autonomía, independencia, economía procesal, legalidad, publicidad, contradictorio, prohibición de la doble persecución, irretroactividad, tipicidad y razonabilidad. Sin perjuicio de utilizar dichos preceptos para hablar de los sistemas internos de justicia deportiva, se puede transpolar íntegramente ello a una especialidad jurisdiccional. También realiza una dicotomía entre proceso oral y proceso escrito, sobre la que puede encender una amplia discusión, aunque entiendo que en los sistemas procesales modernos, sin perjuicio de que debe predominar la oralidad (por la celeridad e inmediación), no se puede descartar en su totalidad la escritura.

            Vale decir que, a grandes rasgos, existen sistemas de justicia deportiva privados, públicos y mixtos. El primer grupo consiste en que la justicia deportiva se enarbola sobre los órganos internos (en primera y ulterior instancia) de las propias entidades deportivas, pudiendo haber entidades arbitrales genéricas en instancias posteriores. En los sistemas públicos, toda cuestión que emane del deporte o que requiera la aplicación de una “justicia deportiva”, se dirimen  en organismos jurisdiccionales del Estado (nacional, provincial o local, según el caso). Finalmente, en los sistemas mixtos, tenemos una primer instancia privada (órganos internos de las entidades deportivas, como por ejemplo el Tribunal de Penas de la Confederación Argentina de Atletismo) y ante una apelación, es que interviene la instancia pública jurisdiccional del Estado.

            Coincido plenamente con el citado autor en que cuanto a que una eventual justicia deportiva “… debe ocuparse de todos los hechos y actos que se suscitan en el ámbito del mundo del deporte…”[34]. Pero, ahora presento mi principal diferencia o aporte, ello debe incluir –también- a la investigación y eventual juzgamiento de hechos delictivos en ese especial contexto.

            Básicamente, la propuesta que presenta con una serie de tribunales de justicia deportiva (órganos colegiados con tres jueces) y una alzada especial –garantizando la doble instancia- conformada por cinco magistrados. Finalmente, los fallos de éste organismo podrán ser apelados por vía del recurso federal a nuestra Corte Suprema de Justicia. 

            Paralelamente, pensó en una procuración en la materia  que impulse y prosiga los procedimientos.

            Obviamente que como no es una función delegada por las provincias, cada una de las jurisdicciones provinciales debería tener una estructura análoga ya que la Ley 24192 directamente habla de jurisdicción local en la materia.

            Luego de esbozar una posible estructura, paso a analizar sucintamente algunas aristas.

            Primero, como ya dije, creo que la competencia de estos especiales organismos deberá incluir a la justicia penal en el deporte. No hallo argumento en su separación del tratamiento de las otras materias que –también- son muy disímiles entre sí. Con ello, cada organismo de los mencionados debería tener una secretaría especializada en cada una de las materias: civil y comercial, laboral, administrativo y penal. Ello garantizaría, desde una más eficiente especialización, un adecuado abordaje de las temáticas. En lo que nos ocupa, actuarían las secretarías penales.

            En segundo lugar, debería haber Fiscales especializados encargados de investigar y eventualmente llevar a juicio causas delictivas dentro del deporte. Va de suyo que, a los fines de garantizar el derecho de defensa, debería contarse también con defensores oficiales. Estos –Fiscales y Defensores- podrán ser de los ya existentes en las jurisdicciones pero con una especialización específica. Ello a los fines de no redundar en más y más funcionarios, que requieren notoriamente mayor presupuesto estatal.  Dicho de otra manera, podrían actuar los Fiscales y Defensores existentes pero designando algunos que se enfoquen en la cuestión (un primer avance en ello es la Ley ya comentada de la provincia de Buenos Aires).

            En tercer lugar, siguiendo los parámetros actuales en lo que hace a la solución o composición de conflictos, se debería instruir  un adecuado sistema de mediación para casos menores y en situaciones en las que fuera posible ejecutar esa solución temprana.

            Luego, en cuanto al proceso, se deberán poder garantizar todos los principios ya mencionados, haciendo hincapié en las mandas constitucionales, lo que requerirá la elaboración de un Código de Procedimiento específico.

            Sumado a esto y como de los positivos ejemplos llevados a la práctica es bueno valerse, en forma complementaria y dentro del cuerpo de policía de cada provincia, debería formarse y especializarse personal idóneo en la materia en pos de la prevención de los ilícitos, el control de potenciales situaciones violentas y en su caso operar como brazos de las Fiscalías de investigación y juicio. Esto, claro está, siguiendo el ejemplo inglés que tan buenos frutos ha dado.

            Finalmente para que esto pudiera funcionar, se debería dotar a toda la estructura de abogados especializados en cada una de las partes del derecho deportivo (en distintas funciones: magistrados, secretarios, relatores, entre otros). Solo desde ese lugar podremos analizar si efectivamente una propuesta de ésta índole es viable o practicable.

            Lo descrito es solamente una idea. Mejorable seguramente por donde se la mire. Pero –tal vez- sea el momento de lanzar el tema para la discusión. Cada vez deviene más necesaria la implantación de un sistema de justicia deportiva desde la faz estatal, especializado e independiente de las estructuras –muchas veces añejas- de las entidades deportivas de nuestro país. Ergo, con un eficiente sistema de justicia deportiva, se ayudaría a un “juego limpio” y con entidad en cuestiones que acaecen dentro de espectáculos deportivos. Presupuestariamente es una idea –lo sé- onerosa pero tranquilamente se podría evaluar la posibilidad de que las Ligas o Federaciones que tanto recaudan con todo lo que envuelve al deporte profesional, pudieran tener una carga impositiva específica con ésta finalidad. Sería, sobre todo para ellas, una herramienta de justicia adecuada y que les permitiría trabajar libremente por y para el deporte.

7.         CONCLUSION

            Es claro que, como se esbozó en el título, estamos ante la necesidad de un nuevo paradigma. Nos situamos definitivamente lejos de una solución real a la problemática de la violencia dentro de los espectáculos deportivos en general y en el fútbol en especial. Tal vez sea –no seamos ingenuos- por los largos tentáculos que las organizaciones delictivas o cuasi delictivas que parecen rodear algunos deportes tendrían con los poderes políticos (en cualquiera de sus esferas), sindical y hasta comercial.

            Pero, también es notorio que el derecho deportivo en general resulta ser una especialidad en crecimiento constante, cada vez con mayor autonomía doctrinaria y funcional y en la que, año a año, se va necesitando más precisiones particulares a la luz de la inflación de inquietudes jurisdiccionales desde todas las áreas del derecho (civil, comercial, administrativo, laboral y penal) ya que el deporte tiene cada vez más presencia en nuestra sociedad, sea desde su forma  social y hasta la práctica de élite o profesional. Todo eso, nada más ni nada menos, es deporte. En todo ese contexto existen relaciones jurídicas –de las diversas ramas-. Y cada una de esas relaciones tiene necesidades especiales que –muchas veces- exceden a las competencias o conocimientos de la jurisdicción ordinaria que, sin perjuicio de trabajar con el mayor empeño, sería deseable que tengan especialización en éste conocimiento.

            Por ello, insisto en lo manifestado en el apartado anterior, es cada vez más necesario contar con una jurisdicción especializada en deporte que abarque todas  las áreas posibles. Una estructura procesal propia que pueda adaptarse a las inquietudes actuales y colaborar así con el trabajo de los actores del deporte. Una mayor profesionalización en toda la actividad deportiva demanda una mayor profesionalización en la jurisdicción que trate cuestiones que de ella se deriven.

            Es más, si hablamos de que cada vez es más profesional el deporte, que cada vez tiene más incumbencias en todos los ámbitos, cada vez genera o moviliza mayores recursos económicos y humanos, también deberíamos darle la importancia que merece a nivel nacional y –como los países de primera línea- tener un Ministerio del Deporte que pudiera –entre otras- trabajar en  propuestas de éste tipo. El rango ministerial para el deporte es un viejo anhelo de todos los que lo rodeamos. Sería reconocer la importancia e impacto social que realmente tiene: salud, educación, identidad nacional, desarrollo social, acceso público, mercantilismo, entre tantas otras cuestiones que el deporte en general “toca”.  

            Sé que se está lejos lograr esa realidad, sé que hay otras cuestiones que posiblemente parezcan de mayor importancia pero lancemos la cuestión–reforcemos lo ya escrito y hablado- ya que el deporte presenta cada vez más incumbencias y lejos se está de que esa escalada se aplane o baje. 

            Dicho eso, me remito a las palabras del Dr. Daniel Kíper -ya transcriptas en la introducción- y siendo que el Estado debería hacerse cargo del control general y puntual de una actividad tan importante como el deporte, va de suyo que ello requerirá la conformación de una jurisdicción específica en la cuestión.


[1] Abogado Especialista en Derecho Penal, graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente Universitario titular en la Universidad FASTA de Mar del Plata en la materia “Organización y Administración de Entidades Deportivas” de la Licenciatura en Educación Física. Docente adscripto en la Facultad de Derecho de la UNMDP en la materia “Derecho Penal Parte Especial cátedra Dr. Alexis Leonel Simaz”. Funcionario judicial. Dirigente deportivo y árbitro internacional de atletismo.

[2] Congreso de París de 1894, inaugural del Comité Olímpico Internacional;  discurso del Señor Barón de Coubertintomado del “Bulletin du Comité International des Jeux Olympiques”,  julio de 1894

[3] sancionada 21/3/1974, promulgada 2/4/1974. Actualizada por Leyes 27202 (BO 4/11/15), 25753 (BO, 11/8/2003), 24819 (BO 26/5/97), 24192 (BO 26/3/1993), 23990 (BO 23/9/91) y  23737 (BO 11/10/1989); observaciones por Decreto 473/93 (BO 26/3/93; derogaciones por Decretos 92/19 (BO 30/1/19) y  7/19 (BO 11/12/19).

[4] sancionada 30/5/1985, promulgada 21/6/1985. Originariamente como Ley 23184, actualizada por Ley 24192 (BO 26/3/1993). Actualizaciones por Ley 26358 (BO 25/3/18). Observaciones por Decreto 473/93 (BO 26/3/1993).

[5] KIPER, Daniel, “Ley 23184 Régimen Penal para la Violencia en los espectáculos deportivos”, Doctrina Penal, Año 8, Editorial Depalma, 1985

[6] TCPBA, “R E A s/ recurso de casación”, causa 80.197 voto de los Dres. Kohan y Natiello, 11/5/2017

[7] CP0303 LP P 93687 RSI-74-98 I 30/07/1998, Carátula: P. ,J. A. s/Incidente de excarcelación

Magistrados Votantes: Soria – Riusech – Rodríguez de González.

[8] MANIGOT, Marcelo, “Violencia en espectáculos deportivos, Ley 23184”, Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, Tomo 58, páginas 195 y 196

[9] MAIER, Julio BJ, “Derecho procesal penal argentino”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1989, Tomo I b.

[10] MAIER, ob citada, Tomo I b.

[11] CSJN, 20/12/1989 “Tarifeño  Francisco”, LL, 195-B, 32.

[12] CAFFERATA NORES, José I, “La excarcelación”, segunda edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1988, T I

[13] FALCONE, Roberto Atilio y MADINA, Marcelo A, “El proceso penal en la provincia de Buenos Aires”, 3° edición, editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2013.

[14] TCPBA, Sala IV, causa 80197, “Rivero s/ recurso de casación”, fallo del 11/5/2017.

[15] Manzini, Vincenzo, “Tratado de derecho procesal penal, t. III”, Editorial Ejea, Buenos Aires, 1952.

[16] CNCCCF, Sala III, causa n° 29295 fallo del 28/8/1991 por el delito de “Cabrera, Saturnino s/ homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo en un estadio de concurrencia pública”

[17] Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de Decimosegunda Nominación de la provincia de Córdoba, causa n° SAC 6251489, “ACEVEDO, Hugo Orlando y otros p.s.a. Homicidio Agravado por la Ley de Violencia en Espectáculos Deportivos, etc”, fallo del 26/3/2019, magistrados Reinaldi, Bella y Pérez Moreno.

[18] CARRARA, Francesco, “Programa de derecho criminal”, Bogotá, Editorial Temis, Tomo II

[19] VELEZ MARICONDE, Alfredo, “Derecho Procesal Penal”, Buenos Aires, 1969, Editorial Lerner, T I

[20] SCBA, P 62152, S 21/5/2003, “Manso”

[21] FLORIAN, Eugenio “De las pruebas penales – De  la prueba en particular”, Editorial Temis, Bogotá, 1982, Tomo II

[22] FLORIAN, Eugenio, ob cit, Tomo II

[23] RSD-68-95 S 3/10/1995, F W E y otro s/ atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves e infracciones art. 8 Ley 23184”, votos de los jueces Ipiña, Gesteira y Levato.

[24] sancionada por la legislatura bonaerense el 29/8/2014 y publicada el 19/2/2015.

[25] Consejo de Europa, Unión Europea, “Convenio Europeo sobre la Violencia e Irrupciones de espectáculos con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol”, agosto de 1985, http:/www-boe-es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-18787   

[26] TAYLOR, 1989, Interim Report. The Hillsborough Stadium disaster, London, England, http://www.southyorks.police.uk/sites/files/hillsborough%20stadium%20disaster%20final%20report.pdf .

[27] “Ley de Fomento del Deporte”, Colombia, 1995

[28] “Ley de seguridad en Eventos deportivos”, Colombia, 2009; ampliada por el decreto 1717 del 19 de mayo de 2010 y por la Ley 1453 del 2011.

[29] Decreto 1007 de mayo del 2012

[30] FLORES, Zitlally, “Violencia en espectáculos deportivos. La responsabilidad del Estado mexicano y otros actores no estatales”, revista “EF Deportes Digital”, noviembre del 2014.

[31] Ley de Brasil nº 19671 del 15 de mayo del 2013 y modificación según Ley 12299 del 2010.

[32] CHILE. Ministerio del Interior. 1994. Ley N° 19.327 (modificada por la Ley 20.620 de agosto del 2012), agosto 1994, http://www.anfp.cl/documentos/1374689195-LEY-19327_31-AGO-1994.pdf

[33] OUTERELO, Norberto E, “Justicia Deportiva”, editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2009.

[34] OUTURELO, ob cit, página 197